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'... el ordenamiento de la administración pesquera de por sí contribuye a la erradicación de la PESCA ILEGAL.'

PESCA ILEGAL Y RECURSOS MIGRATORIOS: ANÁLISIS DE LA LEY DE PESCA ARGENTINA

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Friday, September 30, 2022, 17:00 (GMT + 9)

El Régimen Federal de Pesca de Argentina fue sancionado por la Ley 24.922 del 9/12/1997 modificada por la ley 26.386 (28/5/2008) y la ley 27.564 (16/9/2020).

Su Artículo 1° la Ley define el objeto de su sanción y es sin lugar a dudas uno de los artículos más destacados de ésta, sin embargo, no alcanza a definir que al aprovechamiento del recurso que refiere debe tener como destino principal la industria pesquera nacional (como ocurre en la legislación de muchos otros Estados de Latinoamérica y El Caribe) y que, tratándose de un recurso de todos debe ser distribuido en forma equitativa y preferentemente industrializado en plantas en tierra para agregar el máximo valor posible y no transferir la mano de obra a terceros países desarrollados que deberían adquirir los productos argentinos terminados y no materias primas para su transformación. Además de ello, la industria pesquera debe servir para generar la producción industrial naval y retroalimentar la investigación y tecnología. En ese sentido nos inclinamos por un artículo que indique lo siguiente: Artículo 1º «La Nación Argentina fomentará el ejercicio de la pesca marítima en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos en la industria pesquera nacional con el apoyo de la industria naval pesquera nacional, la investigación y el desarrollo tecnológico. Promoverá la protección efectiva de los intereses nacionales relacionados con la pesca y garantizará la sustentabilidad y sostenibilidad de la actividad pesquera, fomentando la investigación y la conservación a largo plazo de los recursos, favoreciendo su equitativa distribución entre los industriales de todo el país e incentivando la transformación total de las materias primas en plantas radicadas en el territorio continental e insular nacional, mediante procesos de calidad, sanitarios y en forma ambientalmente apropiada, asegurando la obtención del máximo valor agregado; el mayor empleo de mano de obra argentina y promoviendo el consumo nacional» (César Lerena, Pesca. Apropiación y Depredación. Bases para una Política Nacional, 2014).

No podemos perder de vista que en la Argentina no se ha hecho prácticamente nada respecto al aumento en la dieta de los argentinos del consumo de esta proteína esencial, estando con 4,8 Kg. per cápita/año, según el Consejo para el Cambio Estructural del Ministerio Desarrollo Productivo (marzo, 2021), entre los más bajos de Latinoamérica y El Caribe.

Como bien indica el Artículo 2° de la ley, la pesca y el procesamiento es decir, ambas en forma conjunta, constituyen una actividad industrial y no meramente extractiva. La sola calificación de industria no debería admitir una comercialización nacional o internacional de especies enteras con bajo valor agregado (enteros, H&G, etc.). No se trata de una mera cuestión de calificación fiscal o impositiva, sino una definición política que el legislador ha dejado en claro: los productos pesqueros deben comercializarse en forma absolutamente industrializados. Por lo tanto, la pesca es una industria, en tanto y en cuanto, se industrialice con alto valor agregado; el máximo aprovechamiento del recurso (incluso sus residuos); con la mayor ocupación laboral nacional y sostenibilidad y, ello se logra, en el procesamiento en las plantas en tierra. Por lo tanto, creemos que sería interesante reformular el artículo de la siguiente manera: «Artículo 2º Dominio y jurisdicción de las provincias con litoral marítimo. La pesca y el procesamiento de los recursos vivos marinos en plantas radicadas en el territorio continental o insular nacional constituyen una actividad industrial y se regulará con sujeción al Régimen Federal de Pesca Marítima que se establece en la presente ley» (César Lerena, Pesca. Apropiación y Depredación. Bases para una Política Nacional, 2014).

Respecto a los artículos 3º y 4º de la Ley, por una parte el Artículo 4º precisa que «Son de dominio y jurisdicción exclusivos de la Nación, los recursos vivos marinos existentes en las aguas de la ZEE argentina y en la plataforma continental argentina a partir de las doce (12) millas (…) La República Argentina, en su condición de estado ribereño, podrá adoptar medidas de conservación en la ZEE y en el área adyacente a ella sobre los recursos transzonales y altamente migratorios, o que pertenezcan a una misma población o a poblaciones de especies asociadas a las de la ZEE Argentina». Aquí observamos la utilización del término altamente migratorio sobre el cual la CONVEMAR no define este calificativo y, en la Argentina, conforme el Anexo I de la CONVEMAR, no existen especies altamente migratorias, por lo tanto su sola mención en este artículo es un grave error, porque el referido Anexo deja afuera a especies que son migratorias originarias de la ZEE o el mar territorial, como es el caso del langostino (Pleoticus muelleri), el calamar (Illex argentinus) y la merluza (Merluccius hubbsi), por citar, como ejemplo, a las tres especies más importantes de la Argentina. Las dos últimas no solo migran a alta mar, sino también al área de Malvinas ocupada por el Reino Unido de Gran Bretaña y, por lo tanto, es necesario que el Estado ribereño no solo tome medidas de conservación en el área adyacente, sino también de explotación y administración, mediante acuerdos con los Estados de pabellón que pescan en alta mar, como indica el artículo inciso c) de la Ley 24.543 de ratificación de la CONVEMAR: «La República Argentina acepta las disposiciones sobre ordenación y conservación de los recursos vivos en el alta mar pero considera que las mismas son insuficientes, en particular las relativas a las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorias, y que es necesario su complementación mediante un régimen multilateral, efectivo y vinculante que, entre otras cosas, facilite la cooperación para prevenir y evitar la sobrepesca, y permita controlar las actividades de los buques pesqueros en alta mar así como el uso de métodos y artes de pesca. El gobierno argentino, teniendo presente su interés prioritario en la conservación de los recursos que se encuentran en su ZEE y en el área de alta mar adyacente a ella, considera que de acuerdo con las disposiciones de la Convención cuando la misma población o poblaciones de especies asociadas se encuentren en la ZEE y en el área de alta mar adyacente a ella, la República Argentina, como Estado ribereño, y los Estados que pesquen esas poblaciones en el área adyacente a su ZEE deben acordar las medidas necesarias para la conservación de esas poblaciones o especies asociadas en el alta mar. Independientemente de ello, el gobierno argentino interpreta que, para cumplir con la obligación que establece la Convención sobre preservación de los recursos vivos en su ZEE y en el área adyacente a ella, está facultado para adoptar, de conformidad con el derecho internacional, todas las medidas que considere necesarias a tal fin», por tal razón, consideramos que debería reformarse este artículo, el que debería quedar redactado de la siguiente forma: Artículo 4° «Dominio y jurisdicción exclusiva de la Nación. Son de dominio y jurisdicción exclusiva de la Nación los recursos vivos marinos existentes en las aguas de la ZEE Argentina y de la Plataforma Continental Argentina a partir de las doce (12) millas indicadas en el artículo anterior y de los que, con origen en la ZEE, migran más allá de las 200 millas a la alta mar. La Argentina, en su condición de Estado ribereño, adoptará todas las medidas necesarias para la administración, exploración, explotación, investigación, conservación y fiscalización de los recursos transzonales y migratorios originarios de la ZEE que migren más allá de las 200 millas o que, estando en alta mar, se encuentren en la plataforma continental argentina o pertenezcan a una misma población o a poblaciones de especies asociadas a las de la ZEE argentina, fomentando e incentivando la pesca nacional en alta mar y acordando con los Estados de pabellón que capturen las referidas especies en la alta mar. Las especies migratorias originarias de la ZEE Argentina capturadas en alta mar serán consideradas de origen argentino a los fines de su comercialización en el mercado nacional e internacional» (César Lerena, Pesca. Apropiación y Depredación. Bases para una Política Nacional, 2014).

Respecto al Artículo 3º, la ley limita el dominio de las provincias con litoral marítimo y la jurisdicción para los fines de su exploración, explotación, conservación y administración a los recursos vivos que poblaren las aguas interiores y mar territorial argentino adyacente a sus costas, hasta las doce millas marinas y ello no guarda congruencia con lo regulado en los artículos, 5º, 21º a 23º de la actual Ley 24.922 donde la Argentina reivindica sus derechos sobre los recursos migratorios más allá de las 200 millas, cuestión que acompañamos, motivo por el cual las provincias del litoral -de igual modo- deberían tener derechos sobre los recursos migratorios originarios del mar territorial en la ZEE. En los hechos, esto ocurre porque este Régimen denominado Federal solo distribuye las utilidades de los derechos de captura a los Estados provinciales; pero, el manejo del recurso pesquero sigue centralizado, generando una falta de previsibilidad y de acciones unilaterales inorgánicas de las distintas empresas pesqueras, cualesquiera sean los puertos donde se encuentran radicadas. Mientras tanto, en la Argentina, el Artículo 2º inciso c) de la Ley 24.543 de ratificación de la CONVEMAR y los artículos citados de la Ley 24.922 siguen siendo letra muerta y, las Autoridades de Aplicación del Estado ribereño toleran la PESCA ILEGAL de sus recursos migratorios originarios de la ZEE, provocándole al país un gravísimo daño biológico, económico, social y laboral, además de un agravio a la soberanía nacional; motivo por el cual entendemos, que este artículo debería modificarse de la siguiente forma: Artículo 3° «Son del dominio de las provincias con litoral marítimo y ejercerán esta jurisdicción a los fines de su administración, exploración, explotación, investigación y conservación de los recursos vivos que poblaren las aguas interiores y del mar territorial argentino adyacente a sus costas, hasta las doce (12) millas marinas medidas desde las líneas de base reconocidas por la legislación nacional. Respecto a los recursos que migran a la ZEE originarios del mar territorial, el Estado Nacional y las Provincias con litoral marítimo acordarán su administración, exploración, explotación, investigación y conservación» (César Lerena, Pesca. Apropiación y Depredación. Bases para una Política Nacional, 2014).

El Artículo 5° relativo al ámbito de aplicación de esta ley indica, que comprende entre otras cosas: «a) La regulación de la pesca en los espacios marítimos sujetos a la jurisdicción nacional (…) d) La regulación de la pesca en la zona adyacente a la ZEE respecto de los recursos migratorios, o que pertenezcan a una misma población o a poblaciones de especies asociadas a las de la ZEE». El Estado argentino deja en claro aquí que, en la regulación o la administración de sus recursos pesqueros, la Autoridad de Aplicación debe ejercer sus derechos más allá de la ZEE sobre los recursos migratorios, asociados, etc. cuestión que también ratifica en el citado artículo 4º y los artículos 21º a 23º y, en este sentido, la Argentina está entre los países que reivindican sus derechos como Estados ribereños sobre los recursos migratorios originarios de la ZEE. Pese a ello, es erróneo utilizar el término adyacente que se suele usar en forma imprecisa para determinar un área que está más allá de las 200 millas marinas en las que limita la ZEE ya que, el término “Adyacente” significa que está muy próximo o unido a otra cosa, cuestión que no necesariamente ocurre cuando se captura en alta mar, donde los buques de los Estados de pabellón pescan lejos de las 200 millas, cerca de éstas e incluso dentro de ellas. Además de ello, no podemos hablar de conservación, sino nos referimos también y previamente a la investigación. Por otra parte y, para ser congruentes con lo dicho al referirnos al Artículo 3º entendemos que es necesario efectuar la reforma de este artículo de la siguiente forma: Artículo 5º «El ámbito de aplicación de esta ley comprende: a) La administración, exploración, explotación, investigación y conservación de la pesca en los espacios marítimos sujetos a la jurisdicción nacional y, los recursos transzonales y migratorios originarios de la ZEE que migren más allá de las 200 millas o que estando en alta mar se encuentren en la plataforma continental argentina o pertenezcan a una misma población o a poblaciones de especies asociadas a las de la ZEE argentina; b) Cuando se traten de recursos en la ZEE originarios del mar territorial, el Estado Nacional coordinacon el Estado provincial correspondiente la administración, exploración, explotación y conservación de la pesca en la ZEE; c) La Autoridad de Aplicación podrá limitar el acceso a la pesca en los espacios marítimos referidos en el artículo 3º y en el inciso b de éste, cuando el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) declare -con fundamentos científicos- comprometida la conservación de una especie o de una población determinada, la que deberá ser puesta a consideración del Estado provincial correspondiente dentro de las setenta y dos horas hábiles de adoptada la decisión, a los efectos de su ratificación» (César Lerena, Pesca. Apropiación y Depredación. Bases para una Política Nacional, 2014).

Por el Artículo 6° se creó la Secretaría de Pesca; pero ésta fue vetada por el Decreto 9/68 del Poder Ejecutivo Nacional, por lo cual en la Argentina la Autoridad de Aplicación es la Secretaría de Agricultura y Ganadería que delega las funciones en la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Nosotros entendemos que, por la complejidad y particular actividad de la pesca y la acuicultura estas son absolutamente ajenas a la Agricultura y la Ganadería; la particularidad de las cuestiones relativas a la explotación de los recursos que se realizan en un ámbito marino, industrial y exportador; la amplitud del territorio marítimo que debe ser controlado tanto desde punto de vista de la explotación pesquera como de la seguridad y la defensa; la relación de la actividad con las cuestiones fluviales, portuarias, industriales navales, de investigación, de desarrollo tecnológico y relaciones ambientales e internacionales, debería crearse una estructura de mayor jerarquía que oficie de Autoridad de Aplicación.

La pesca es una actividad productiva diametralmente distinta a la problemática agropecuaria, por el carácter de explotación fundamentalmente industrial, que combina en un mismo empresario las tareas de extracción de un recurso biológico –mediante sofisticadas artes y equipos- junto a la industrialización de la materia prima y la exportación de los productos obtenidos.

El uso intensivo de mano de obra, combustibles, energía, insumos e inclusive, por su temática específica, donde se requiere personal obrero, técnico y profesional formado y perfeccionado en la especialidad.

Culturalmente los argentinos, donde se han promovido históricamente las actividades agropecuarias, se dice que vivimos de espaldas al mar. No puede esperarse que sus dirigentes y funcionarios no sean el reflejo de este estilo de vida. En este marco de dificultades de comprensión de la actividad, de desconocimiento de sus potencialidades económicas, la Industria Pesquera Argentina es de las pocas que ha tenido un crecimiento sostenido en las últimas décadas, superando incluso los volúmenes y montos de exportación de las carnes rojas, que nos han caracterizado en el siglo pasado a nivel internacional. Todo ello, pese a un marco macroeconómico desfavorable y políticas extractivistas vigentes hasta nuestros días.

La pesca se vincula fuertemente al tipo de explotación, provocando una actividad inmediata en la comunidad y la región de población e industrialización. La salida de la embarcación a la pesca ocasiona una inmediata ocupación en tierra para procesar las materias primas a desembarcar; aunque, el modelo de los últimos años de pre-procesamiento a bordo e inmediato transbordo para la exportación reduzca la ocupación de mano de obra para beneficio de los países importadores transformadores. Este es el mismo modelo que utiliza la pesca a distancia con los buques de los Estados de pabellón, que son los principales responsables de la PESCA ILEGAL y, por cierto, el modelo que promueven los importadores que le agregan en destino el valor a las materias primas.

Foto: Gentileza INIDEP

La pesca reviste una importancia creciente para los Estados marítimos y, adquirirá mayor significación en el futuro a partir de los avances crecientes en materia de acuicultura y maricultura. Chile, por ejemplo, exportó pese a la pandemia en 2020 unas 800 mil toneladas de salmón y trucha por un valor de 4.389 millones de dólares (en 2019 lo había hecho por 5.127 millones), es decir, más del doble de las exportaciones marinas argentinas. La pesca es muy importante para los Estados provinciales, para sus economías en atención a la radicación industrial y la consecuente ocupación de mano de obra y el asentamiento poblacional que ocasiona. Y será más importante n, ante la creciente demanda de proteínas de alto valor como la que aportan los productos pesqueros; con la incorporación de tecnologías modernas para resaltar las condiciones propias de la materia prima y presentarla adecuadamente, necesariamente relacionada a la promoción y competencia mundial, que le permite vender a la Argentina productos pesqueros de alta calidad a más de 50 países e ingresar a los mercados sofisticados de Estados Unidos, la Unión Europea y los países asiáticos.

La pesca es aprovechamiento intensivo y racional de un recurso natural renovable, a través de su extracción, industrialización y comercio. Se constituye en una herramienta fundamental para la defensa nacional mediante la ocupación de los espacios marítimos argentinos y el desarrollo regional de la Patagonia. No parece tener mayores puntos de contactos con la Agricultura y Ganadería, que el de encontrarse en la misma área de gobierno, que no entiende el tema, la industria, los negocios ni su rol estratégico en la ocupación del litoral patagónico, el territorio marítimo e insular argentino.

Por ello, promovemos la reforma del Artículo 6º vetado, de la siguiente forma: Artículo 6º. «Autoridad de Aplicación. El Ministerio del Mar, Antártida e Islas del Atlántico Sur dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, será la Autoridad de Aplicación de esta ley. Corresponderá al Poder Ejecutivo Nacional adecuar las normas que regulen el funcionamiento de los organismos con competencia en materia de extracción de los recursos marítimos pesqueros; su industrialización; la explotación de acuiculturas y mariculturas; el comercio; la investigación y el desarrollo tecnológico en la materia; las cuestiones pesqueras vinculadas a las operaciones en puertos y a la industria naval pesquera; los acuerdos internacionales de explotación pesquera o investigación pesquera y todas aquellas cuestiones vinculadas directa o indirectamente a pesca o la acuicultura» (César Lerena, “Pesca. Apropiación y Depredación. Bases para una Política Nacional”, 2014). Puede parecer muy pretenciosa la jerarquía en un Estado que debe tiene serias dificultades económicas; pero, agruparía las políticas relativas al Atlántico Sur, sus Archipiélagos y la Antártida y, las cuestiones pesqueras; mercantes; fluviales; portuarias; navales; de investigación; tecnología; desarrollo y consumo. Sin olvidar que la Argentina tiene ocupado por el Reino Unido su territorio marítimo e insular en un porcentual equivalente al 52% de su ZEE. Hay países que tienen un Ministerio y sus ZEE son de una dimensional muy inferior al de Argentina como es el caso de Perú (0,9 M de Km2); Francia continental (0,4 Km2); Portugal (1,7 Km2); Corea (0,5 Km2).

Foto: Gentileza INIDEP

Por supuesto, que ello implicaría dinamizar a tres áreas, como las actuales Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería; la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables del Ministerio de Transporte, cuyos funcionarios han sido incapaces de generar un nuevo modelo estratégico y ejecutar las pertinentes acciones para desarrollar, generar riqueza y empleo y, avanzar hacia la soberanía nacional en un importantísimo territorio marino e insular del orden de los 6.247.842 Km2. Una miopía donde no se ha entendido que somos un ESTADO MARÍTIMO y que tanto las cuestiones productivas y sociales y respecto a la soberanía plena en Malvinas, no se habrán de alcanzar sino se recupera la administración eficiente del Atlántico Sur.

En el artículose establecen las funciones de la Autoridad de Aplicación, sin embargo, de la lectura de sus incisos se observa que estas no acompañan las regulaciones de los artículos 4º yrespectos a las que están en sintonía a la administración, exploración, explotación, investigación, conservación y fiscalización de los recursos pesqueros de la ZEE y, sobre los recursos transzonales o migratorios que originarios de la ZEE migran desde ésta a alta mar. Por otra parte, el artículo omite la necesidad de un dictamen del INIDEP a la hora de establecer las Capturas Máximas Sostenibles, de determinar los excedentes y áreas o épocas de veda; a quién referencia solo a la hora de establecer los métodos y técnicas de captura, los equipos y artes de pesca de uso prohibido. Omite también mencionar, las condiciones de seguridad para la tripulación y la vida útil de los buques. En atención a ello sugerimos reformarlo de la siguiente forma: Artículo 7° «Funciones de la Autoridad de Aplicación. Serán funciones de la autoridad de aplicación: a) Conducir y ejecutar la política pesquera nacional destinada a la administración, exploración, explotación, investigación, conservación y fiscalización de los recursos pesqueros de la ZEE y, los recursos transzonales y migratorios originarios de la ZEE que migren más allá de las 200 millas o que, estando en alta mar se encuentren en la plataforma continental argentina o pertenezcan a una misma población o a poblaciones de especies asociadas a las de la ZEE argentina, acordando con los Estados de pabellón la administración, exploración, explotación, investigación, conservación y fiscalización de las especies indicadas y de las poblaciones de especies asociadas que no tengan origen en la ZEE; b) Planificar los objetivos y requerimientos relativos a las investigaciones científicas y técnicas de los recursos pesqueros de la ZEE y en alta mar según lo indicado en el inciso a); c) Fiscalizar las Capturas Máximas Sostenibles de las especies de la ZEE y en alta mar, establecidas por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP); d) Conforme la Captura Máxima Sostenible establecida anualmente emitir los Permisos, Cuotas y Autorizaciones de Pesca por buque, zonas de pesca y tipo de flota, de las especies de la ZEE y de alta mar, previa autorización del Consejo Federal Pesquero; e) Calcular los recursos excedentes disponibles de la ZEE y alta mar y establecer, previo dictamen del INIDEP las restricciones en cuanto a las especies, áreas marinas protegidas (AMP) o épocas de veda; f) Establecer, previa aprobación del Consejo Federal Pesquero, los requisitos y condiciones que deben cumplir los buques, su vida útil y las condiciones de máxima seguridad para la tripulación y de las empresas pesqueras para desarrollar la actividad pesquera para la captura de los recursos en la ZEE y/o alta mar; g) Establecer los métodos y técnicas de captura, así como también los equipos y artes de pesca de uso prohibido, con el asesoramiento del INIDEP y de acuerdo con la política pesquera establecida por el Consejo Federal Pesquero para la captura de los recursos en la ZEE y en alta mar; h) Aplicar sanciones en el ámbito establecido en los artículos 4º y inciso a), conforme el régimen de infracciones, y crear un registro de antecedentes de infractores a las disposiciones de la presente ley, informando de las mismas al Consejo Federal Pesquero; i) Elaborar y/o desarrollar sistemas de estadística de la actividad pesquera en los cursos de agua de la ZEE y alta mar y en la plataforma continental argentina; j) Intervenir en negociaciones bilaterales o multilaterales internacionales relacionadas con la actividad pesquera conforme la política pesquera nacional, gestionando a través del Poder Ejecutivo ante el Congreso de la Nación la aprobación de los Tratados o Acuerdos que pudieran requerirse; k) Reglamentar el funcionamiento del Registro de pesca creado por esta ley; l) Percibir los derechos de extracción establecidos por el Consejo Federal Pesquero; m) Intervenir en el otorgamiento de los beneficios provenientes de la promoción sectorial concedida o a conceder al sector pesquero; n) Intervenir en los proyectos de inversión que cuenten o requieran de financiamiento especifico proveniente de organismos financieros internacionales y/o que hayan sido otorgados o a otorgar a la República Argentina, conforme a los criterios que determine juntamente con el Consejo Federal Pesquero; ñ) Emitir autorizaciones para pesca experimental sobre los recursos de la ZEE o en alta mar, previa aprobación del Consejo Federal Pesquero; o) Establecer e implementar los sistemas de control necesarios y suficientes de modo de determinar fehacientemente las capturas sobre los recursos en la ZEE y desembarcadas en puertos argentinos habilitados y el cumplimiento y veracidad de las declaraciones juradas de captura, desembarco, procesamiento, almacenamiento y comercio; p) Realizar campañas nacionales de promoción para el consumo de recursos pesqueros; llevar adelante misiones al exterior para promover la comercialización de productos de la industria pesquera nacional y, toda acción necesaria destinada a promover el comercio de productos pesqueros argentinos con alto valor agregado; q) Ejercer todas las facultades y atribuciones que se le confieren por esta Ley a la Autoridad de Aplicación» (César Lerena, “Pesca. Apropiación y Depredación. Bases para una Política Nacional”, 2014).

Foto: Gentileza INIDEP

Si bien sobre la conformación y las funciones del Consejo Federal Pesquero tenemos una opinión diferente a la prescripta en los artículos 8º a 11º de la ley, aquí nos limitamos a observar aquellas cuestiones que están referidas a herramientas que contribuyan a evitar la PESCA ILEGAL y a administrar los recursos migratorios en alta mar. Además, observamos que es necesario reasignar los roles para asegurarnos que sean los científicos y técnicos del INIDEP quienes determinen las Capturas Máximas Sostenibles y no el Consejo Federal Pesquero, que es un órgano que debe establecer la política de administración del recurso y no los límites de captura, ya que se trata de un parámetro, para lo cual, se requiere formación profesional, rigor científico e independencia de la decisión política. Por otra parte, es necesario incentivar la pesca de buques nacionales en alta mar y los acuerdos de pesca en esa área, de modo de competir con los buques de Estados de pabellón sin control ni acuerdo alguno. Por ello consideramos necesario reformar el artículo de la siguiente forma: Artículo 9° «Sen funciones del Consejo Federal Pesquero: a) Establecer la política pesquera nacional; b) Establecer la política de investigación pesquera; c) En función de la Captura Máxima Sostenible por especie y zona de pesca establecida por el INIDEP establecer las cuotas de captura anual por buque, por especie, por zona de pesca y por tipo de flota; d) Aprobar los permisos de pesca comercial; e) Asesorar a la Autoridad de Aplicación en materia de negociaciones internacionales; f) Planificar el desarrollo pesquero nacional; g) Fijar las pautas de coparticipación y modificar los porcentuales de participación del Fondo Nacional Pesquero (FO.NA.PE.); h) Aprobar los Permisos de Pesca experimental previo dictamen fundado del INIDEP; i) Establecer derechos de extracción y fijar cánones por el ejercicio de la pesca. El Poder Ejecutivo Nacional podrá eximir de todo impuesto, derechos o tasas a los buques nacionales que pesquen en alta mar o con acuerdos de pesca en esta área con la Argentina; k) Reglamentar el ejercicio de la pesca artesanal estableciendo una reserva de cuota de pesca de las diferentes especies para ser asignadas a este sector; l) Establecer los temas a consideración del Consejo Federal Pesquero que requieran mayoría calificada en la votación de sus integrantes; m) Dictar su propia reglamentación de funcionamiento, debiendo ser aprobado con el voto afirmativo de las dos terceras partes del total de sus miembros» (César Lerena, “Pesca. Apropiación y Depredación. Bases para una Política Nacional”, 2014).

En el Artículo 1, al igual que en artículos anteriores, la ley le asigna un rol al Consejo Federal Pesquero que se inmiscuye en cuestiones que deberían estar reservadas al INIDEP, que es el que dispone de las capacidades técnicas y científicas para garantizar la sostenibilidad biológica de los recursos.

El Consejo Federal Pesquero debe formular las políticas pesqueras generales de administración del recurso en la ZEE y en alta mar. Desde la década del 70 hasta nuestros días la actividad pesquera se caracteripor la promocn de la actividad exportadora. Se aumentó el esfuerzo pesquero en forma indiscriminada, privilegiando las estadísticas que indicaban más captura y más exportación con escaso valor agregado, por sobre aprovechamiento eficiente del recurso, es decir, más divisas y más empleo. Se requiere, frente a la experiencia de sobreexplotación de la merluza común y otras especies en la década del 90, con sus consecuencias económicas y sociales, el inicio de una administración racional de los recursos que contemple la evaluación permanente del potencial pesquero; una explotación biológica y económicamente eficiente; estabilidad en su disponibilidad, fortalecimiento de una industrialización plena y con ello, mayor valor agregado y empleo y, una xima penetración en los mercados minoristas del mundo.

Foto: Gentileza Revista Puerto

Reafirmar esta actividad industrial; consolidarla; incorporarla a nuestros hábitos culturales de trabajo y consumo; incrementar este alimento excepcional en la dieta de los argentinos; generar empleo; distribuir adecuada y equitativamente entre los distintos actores de la industria pesquera el recurso disponible; utilizar este recurso natural para ocupar en forma efectiva los espacios estratégicos marítimos y terrestres de la Nación, propiciar estrategias para erradicar la PESCA ILEGAL en el Atlántico Sur y en el área de Malvinas, son tareas del Consejo Federal Pesquero, mientras que el INIDEP se debiera dedicar a acrecentar herramientas para asegurar la pesca sostenible y la perpetuidad de este recurso.

Un recurso natural renovable (pero agotable) sensible a factores relativos a la extracción descontrolada, climatológicos y ambientales, requiere una administración óptima para dar mayor seguridad posible a los inversores, industriales y trabajadores, para lo cual no se necesita solo de administradores sino también de hombres formados en la ciencia y la técnica, capacitados, perfeccionados y comprometidos en hacer el mejor aporte a la política dentro del marco de la rigurosidad que exige la investigación.

El INIDEP es una importante herramienta que debería tener por finalidad el diseño y ejecución de programas de investigación, tecnología, nanotecnología y estudios económicos referidos a la exploración, explotación sostenible, procesamiento y almacenamiento eficiente y, relativos al máximo aprovechamiento de los recursos vivos del mar; a la determinación anual de las capturas máximas sostenibles, al perfeccionamiento y desarrollo de los sistemas de captura, artes de pesca y embarcaciones pesqueras, y a realizar las investigaciones tecnológicas relativas al valor alimenticio y a la calidad de los productos pesqueros. La determinación de las Capturas Máximas Sostenibles no puede estar en manos del Consejo Federal Pesquero, sino que debe ser un atributo del INIDEP, quien tiene la capacidad profesional y científica para hacerlo.

Un INIDEP con gran autonomía investigativa y confianza de la comunidad científica y empresaria, es la mayor garantía de que sus dictámenes sean reconocidos a nivel internacional y ello, es central, para sostener -con base científica- el combate sobre los efectos negativos al ecosistema de una pesca descontrolada de los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar. No es posible imaginar el control de los recursos migratorios argentinos en alta mar sin un INIDEP tecnológicamente dotado, humana y científicamente comprometido y, con una participación activa, a la hora de apoyar técnicamente los proyectos destinados a que la Argentina, como Estado ribereño, genere los avances políticos necesarios, junto a toda Latinoamérica y El Caribe. Por ello y por otros argumentos que en razón de ahorro administrativo se omiten, entendemos que el artículo 11º debería quedar redactado de la siguiente forma: Artículo 11º «Corresponde al INIDEP diseñar y ejecutar los programas de investigación, tecnología, nanotecnología y los estudios económicos referidos a la exploración, explotación sostenible, procesamiento y almacenamiento eficiente y relativos al máximo aprovechamiento de los recursos vivos del mar; a la determinación anual de las capturas máximas sostenibles, al perfeccionamiento y desarrollo de los sistemas de captura, artes de pesca y embarcaciones pesqueras, y a realizar las investigaciones tecnológicas relativas al valor alimenticio y a la calidad de los productos pesqueros. El Consejo Federal Pesquero, le dará el marco legal administrativo a los dictámenes e informes del INIDEP para que estos se apliquen a toda la actividad pesquera y, el INIDEP asesorará al Consejo Federal Pesquero en aquellas decisiones, donde este pueda y deba requerir la opinión técnica especializada del INIDEP. Este Instituto Nacional con la aprobación del Consejo Federal Pesquero podrá establecer convenios con los Estados provinciales para contribuir la mayor eficiencia pesquera y una conservación integral y conjunta de los recursos» (César Lerena, “Pesca. Apropiación y Depredación. Bases para una Política Nacional”, 2014).

Foto: Gentileza Revista Puerto

En el Artículo 12º se dispone que el INIDEP tendrá a su cargo y administrará los buques de investigación que entre, otras tareas, son una herramienta esencial para que los científicos y técnicos puedan determinar las capturas máximas sostenibles anuales; los ciclos biológicos de las especies; las áreas donde realizan sus distintas etapas vitales; sus migraciones; las interrelaciones entre las especies; los estudios sobre las artes y sistemas de pesca, etc. y las condiciones del medio marino, etc. Se requiere, por lo tanto, de una actividad intensa y amplia en todo el territorio marino, incluso en alta mar con estos buques, para poder tener un análisis certero de situación y diseñar las herramientas operativas necesarias, sostenibles y sustentables. En función de ello sugerimos la siguiente reforma: Artículo 12º «El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero -INIDEP- tendrá a cargo y administrará, los buques de investigación pesquera de propiedad del Estado Nacional, conforme a su función y, las obligaciones y necesidades relativas a la investigación, tecnología, exploración y conservación de los recursos pesqueros en el ámbito de la jurisdicción nacional y en alta mar. Para este fin podrá recurrir también al uso de embarcaciones de terceros, mediante acuerdos autorizados por la Autoridad de Aplicación» (César Lerena, “Pesca. Apropiación y Depredación. Bases para una Política Nacional”, 2014).

El Artículo 13º indica que «Los resultados de todo trabajo de investigación sobre los recursos pesqueros deben ser puestos a disposición de la Autoridad de Aplicación antes de cualquier utilización o divulgación de estos. Las empresas dedicadas a la extracción de recursos vivos marinos están obligadas a suministrar toda la información requerida destinada a la investigación del recurso». Cuestión que los gobiernos argentinos violentaron cuando acordaron la investigación conjunta con el Reino Unido respecto a los recursos que migraban al área de Malvinas ocupada en forma prepotente por los británicos. Para evitar ello, sugerimos la siguiente reforma: Artículo 13º «Los resultados de todo trabajo de investigación sobre los recursos pesqueros deben ser puestos a disposición de la Autoridad de Aplicación antes de cualquier utilización o divulgación de estos. El INIDEP no realizará tarea de investigación conjunta con ningún Estado que pueda suministrar o hacer uso de información relativa a los recursos marinos en el Atlántico Sudoccidental, de la que se apropie o haga uso de esta en forma directa o a través de terceros. Igual limitación se aplicará a las empresas dedicadas a la extracción comercial o experimental de recursos vivos marinos, estando éstas, obligadas a suministrar al INIDEP toda la información requerida destinada a la investigación del recurso» (César Lerena, “Pesca. Apropiación y Depredación. Bases para una Política Nacional”, 2014).

En igual sentido, es necesario establecer las mismas limitaciones a la pesca experimental que podría otorgarse por aplicación del Artículo 14º, por tal razón sugerimos la reforma de éste: Artículo 14º «La pesca experimental por parte de personas físicas o jurídicas nacionales, extranjeras u organismos internacionales con buques de pabellón nacional o extranjero, requerirá autorización otorgada por la Autoridad de Aplicación, previo dictamen favorable del Consejo Federal Pesquero y estará sujeta a las limitaciones indicadas en el artículo 13º. La Autoridad de Aplicación tendrá libre acceso a toda información derivada de la investigación científica y técnica y tendrá facultad para designar representantes del INIDEP que, con el carácter de observadores, presencien los trabajos y verifiquen que ellos se ajusten a las condiciones y límites que se fijen» (César Lerena, “Pesca. Apropiación y Depredación. Bases para una Política Nacional”, 2014).

Siempre y cuando se utilice la pesca con el objeto de experimentar y no para utilizar estas experiencias con fines comerciales, como ocurrió en la Argentina, consideramos adecuado el artículo 15º con la salvedad que la comercialización debería limitarse a solventar las operaciones, salvo en aquellos casos que la pesca experimental se realice en alta mar; por ello, habría que reformar ese artículo: Artículo 15º «La pesca experimental sólo podrá tener como fin la investigación científica o técnica innovativa, no pudiendo tratarse de operaciones comerciales. El armador podrá disponer de la captura, para solventar las operaciones pesqueras y de resultar excedentes económicos quedarán a favor del Estado en las capturas realizadas en la ZEE, salvo que esta pesca se realice en alta mar, donde el producido de todas las ventas quedará a favor del armador. La Autoridad de Aplicación establecerá en todos los casos plazos y cupos máximos de captura acorde con la finalidad científica o técnica y los costes operativos, previo dictamen del INIDEP» (César Lerena, “Pesca. Apropiación y Depredación. Bases para una Política Nacional”, 2014).

El Artículo 16º es contradictorio del 15º respecto a los productos obtenidos durante la investigación, motivo por el cual correspondería modificarlo: Artículo 16º «Cuando esta actividad sea desarrollada por el INIDEP junto al CONICET y/o universidades nacionales o provinciales u otros Institutos de investigación, ciencia o técnica, los productos pesqueros obtenidos durante el desarrollo de esta podrán disponerse en las condiciones establecidas en el artículo 15º» (César Lerena, “Pesca. Apropiación y Depredación. Bases para una Política Nacional”, 2014).

Respecto al Artículo 17º, la Ley restringe la acción a la conservación del recurso en los espacios de jurisdicción argentina en contradicción a lo ya expresado en los 4º y 5º de la ley respecto a sus derechos sobre los recursos migratorios en alta mar y, además limita sus fundamentos a la conservación, cuando en realidad el Estado no solo debe evitar excesos de explotación y prevenir efectos dañosos sobre el sistema ecológico, sino que debe administrar el recurso para obtener el mayor valor y distribuirlo en la forma más amplia posible, compatible con la sustentabilidad empresaria. No hacerlo, también es depredar, como también es conservar inútilmente los recursos, dejar excedentes. Por ello, entendemos que el artículo debería modificarse: Artículo 17º «La pesca en todos los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina y sobre los recursos transzonales y migratorios originarios de la ZEE que migren más allá de las 200 millas o que estando en alta mar se encuentren en la plataforma continental argentina o pertenezcan a una misma población o a poblaciones de especies asociadas a las de la ZEE argentina, estarán sujeta a las restricciones que establezca la Autoridad de Aplicación, con base a las políticas pesqueras establecidas por el Consejo Federal Pesquero y fundamento en la administración, exploración, explotación y conservación de los recursos argentinos y , a su vez, evitar efectos dañosos sobre el entorno y la unidad del sistema ecológico». (César Lerena, “Pesca. Apropiación y Depredación. Bases para una Política Nacional”, 2014).

Respecto al Artículo 18º ya nos hemos referido en el artículo 9º inciso c) que, por los fundamentos ya expresados, no debería ser el Consejo Federal Pesquero sino el INIDEP quien fije la Captura Máxima Permisible o mejor Sostenible a nuestro juicio: c) En función de la Captura Máxima Sostenible por especie y zona de pesca establecida por el INIDEP, establecer las cuotas de captura anual por buque, por especie, por zona de pesca y por tipo de flota. Ya hemos visto a través de los años que por decisiones políticas se otorgan permisos, cuotas y autorizaciones que exceden la Captura Máxima Sostenible avalada con informes científicos y, la ecología, no admite decisiones políticas que la violenten y ocasionen depredación. Por lo dicho, entendemos que este artículo 18º habría que derogarlo.

Respecto al Artículo 19º su texto es erróneo y no ha sido salvado tampoco en el Decreto Reglamentario 748/99, por lo tanto, correspondería su modificación, además, de no indicar, que la determinación de la Autoridad de Aplicación respecto a vedas, restricciones a la pesca, etc. deben contar con los informes técnicos previos del INIDEP. En función de ello, el artículo debería quedar redactado de la siguiente forma: Artículo 19º «En base a los informes del INIDEP la Autoridad de Aplicación podrá establecer zonas o épocas de veda. La información pertinente a la imposición de tales restricciones, así como su levantamiento, será objeto de amplia difusión y, con la debida antelación comunicados los concesionarios pesqueros y las autoridades competentes de patrullaje y control. Así mismo, podrá establecer reservas, delimitación de áreas y otras restricciones a la pesca, imponiendo a los concesionarios la obligación de suministrar bajo declaración jurada, información estadística de las capturas obtenidas, esfuerzo de pesca y posición de sus buques» (César Lerena, “Pesca. Apropiación y Depredación. Bases para una Política Nacional”, 2014).

Respecto al Artículo 20º, éste limita la vigilancia y control de los organismos competentes a los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina, lo que debería ampliarse a alta mar para ser coherentes con los artículos 4º, 5ºd, 21ºe, 22º y 23ºb de la Ley 24.922 y el artículo 2º inc. c) de la Ley 24.543, además de dar seguridad a los buques nacionales que capturan en ese espacio marítimo y, controlar las capturas por sobre la plataforma continental extendida (hasta las 350 millas) que puedan afectar el lecho submarino y efectuar los controles que surjan de eventuales acuerdos entre Estados en alta mar. En función de ello propiciamos modificar este artículo: Artículo 20º «Para contribuir con el cumplimiento de la legislación nacional sobre las actividades pesqueras, la Armada Argentina y la Prefectura Naval en sus respectivas jurisdicciones, coordinados por la Autoridad de Aplicación Nacional o Provincial según el territorio que se trate, asegurarán la debida vigilancia y control en todo lo que respecta a la operatoria de buques pesqueros nacionales y extranjeros y la explotación de los recursos vivos marinos del mar territorial, la ZEE y alta mar. Con este mismo fin, la Autoridad de Aplicación podrá adquirir y operar los sistemas satelitales de control que resulten necesarios o exigir su aplicación a los concesionarios nacionales de la actividad pesquera y a los extranjeros en el caso que se establezcan acuerdos de pesca en alta mar» (César Lerena, “Pesca. Apropiación y Depredación. Bases para una Política Nacional”, 2014).

 

En cuanto el Artículo 21º este limita las acciones a los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina, con la misma contradicción ya indicada en el Artículo 20º y, además, como si las prácticas prohibidas sobre los recursos en alta mar no afectaran al ecosistema y en particular los recursos transzonales y migratorios originarios de la ZEE o de la misma población en alta mar y, los asociados a aquellos en esta y, omitirse el detalle total de prácticas prohibidas que deberían incluirse en una lista de actividades consideradas PESCA ILEGAL, ya que las forma de ocasionar depredación e insostenibilidad de los recursos son múltiples y cambiantes. Por ello sería necesario modificar este artículo de la siguiente forma: Artículo 21º «La Autoridad de Aplicación determinará los métodos y técnicas, equipos, artes de pesca y toda práctica de pesca prohibida. Quedan especialmente prohibidos en todos los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina y en alta mar, los siguientes actos: a) El uso de explosivos de cualquier naturaleza; b) El empleo de equipos acústicos y sustancias nocivas como métodos de aprehensión; c) Llevar a bordo y/o utilizar artes de pesca no habilitadas por la Autoridad de Aplicación para la pesca que se encuentre autorizado el armador, el capitán y la embarcación; d) Transportar explosivos, sustancias tóxicas o contaminantes de cualquiera naturaleza en las embarcaciones; e) Arrojar a las aguas sustancias, detritos o desechos que puedan causar daño a la flora y fauna acuática; f) Impedir por cualquier forma el desplazamiento de los peces en sus migraciones naturales. Interceptar peces en los cursos de agua mediante capturas no autorizadas; instalaciones, atajos u otros procedimientos que atenten contra la conservación de la flora y fauna acuáticas; g) Toda práctica o actos de pesca que causen estragos, sobrepesca o depredación de los recursos vivos del medio acuático; h) El ejercicio de actividades pesqueras sin permiso, asignación de cuota o autorización correspondiente, así como en contravención a las normativas legales vigentes; i) El ejercicio de actividades pesqueras en áreas o épocas de veda; j) La introducción de flora y fauna acuáticas exóticas sin autorización previa de la autoridad competente; k) La introducción de especies vivas que se declaren perjudiciales para los recursos pesqueros; l) La utilización de mallas mínimas en las redes de arrastre, que en función del tipo de buques, maniobras de pesca y especie, no sean las establecidas para las capturas; m) descartar pescados y arrojar deshechos contaminantes o residuos sin triturar al mar, contrariando las prácticas de pesca responsable; n) Realizar capturas de ejemplares de especies de talla inferior a la establecida por la normativa legal vigente o declarar volúmenes de captura distintos a los reales, así como falsear la declaración la especies capturada; ñ) Superar la captura permitida por encima del volumen de la cuota individual de captura o la autorización otorgada; o) Realizar toda práctica que atente contra la sostenibilidad del recurso pesquero y que la Autoridad determine como PESCA ILEGAL» (César Lerena, “Pesca. Apropiación y Depredación. Bases para una Política Nacional”, 2014).

En el Artículo 22º la ley se refiere al derecho preferente que le asiste a la Argentina como Estado ribereño sobre las especies o poblaciones que migran a alta mar o a las asociadas en este ámbito, cuestión que deja en clara la posición del país respecto al derecho sobre esos recursos y, la necesidad de que los Estados de pabellón que los pescan en alta mar deban acordar su regulación para evitar la depredación del ecosistema. La Pesca podría ser libre, pero no depredadora y se configura cuando los Estados de pabellón no controlan sus buques a distancia y cuando no acuerdan la pesca de los recursos migratorios originarios de las ZEE con los Estados ribereños. El Estado Argentino cuando en el año 1995 ratificó la CONVEMAR por ley 24.543 (Artículo 2º c) dejó en claro sus derechos sobre los recursos migratorios. Entendemos que puede ser muy importante perfeccionar su texto y también dejar en claro que cuando en la ZEE se otorgan permisos de pesca a buques extranjeros en el caso de veda, limitaciones, etc. pueden verse afectados por estas restricciones relativas a la conservación de los recursos. En atención a ello sugerimos el siguiente texto: Artículo 22º «Con el fin de proteger los derechos preferentes que le corresponden a la Nación en su condición de Estado ribereño, la Autoridad de Aplicación, juntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, deberá organizar y mantener un sistema de regulación de la pesca de los recursos transzonales y migratorios originarios de la ZEE que migren más allá de las 200 millas o, que estando en alta mar, se encuentren en la plataforma continental argentina o pertenezcan a una misma población o a poblaciones de especies asociadas a las de la ZEE argentina. Con este fin la Argentina acordará con los Estados que deseen pescar esas poblaciones en alta mar las medidas necesarias para administrar la explotación y tomar las acciones de conservación necesarias para asegurar la sostenibilidad de los recursos. Cuando se establezcan limitaciones a la pesca o vedas en alta mar, las mismas se aplicarán por igual a los buques nacionales o extranjeros si hubiese acuerdos con Estados de pabellón. Mientras que, si esos acuerdos se realizaran para que buques extranjeros pesquen dentro de la ZEE, las restricciones podrán afectar únicamente a éstos» (César Lerena, “Pesca. Apropiación y Depredación. Bases para una Política Nacional, 2014).

Foto: gentileza Milko Schvartzman

El Artículo 23º de la Ley establece una serie de actos administrativos que, para encontrarse alineados con los artículos precedentes referidos a la pesca en alta mar y a los recursos migratorios y, además, perfeccionar la información respecto a permisos, autorizaciones y cuotas de pesca, entendemos, que este artículo debería ser reformado: Artículo 23º «Para el ejercicio de la actividad pesquera, deberá contarse con la habilitación otorgada por la Autoridad de Aplicación según lo estipulado en los artículos 7° y 9° de la presente ley, mediante alguno de los actos administrativos enumerados a continuación: a) Permiso de pesca: Es una habilitación otorgada a los buques nacionales solamente para acceder al caladero de la Zona Económica Exclusiva, siendo necesario para ejercer la pesca contar con una Cuota de Captura asignada o una Autorización de captura en el caso que la especie no este cuotificada, otorgada por la Autoridad de Aplicación Nacional o Provincial según el origen del recurso que se trate; b) Permiso de pesca de gran altura: Es una habilitación otorgada a los buques nacionales o extranjeros solamente para acceder al caladero fuera de la Zona Económica Exclusiva o alta mar; siendo necesario para ejercer la pesca contar con una Cuota de Captura asignada o una Autorización de captura en el caso que la especie no este cuotificada. En el caso de buques nacionales también alcanza a aquellos que disponen de licencia para operar en aguas de terceros Estados; c) Permiso temporario de pesca: serán otorgados a buques arrendados a casco desnudo en las condiciones y plazos establecidos en la presente ley. El mismo tratamiento se aplicará para los buques de pabellón extranjero que operen en las condiciones de excepción establecidas por esta ley; d) Autorización de Captura: es una concesión del Estado Nacional que habilita para la captura de recursos pesqueros originarios de la Zona Económica Exclusiva o más allá de ella en alta mar en cantidad limitada, en aquellos casos que la especie no esté cuotificada o estándolo, se autorice la captura para fines de investigación científica o técnica. Requiere tener aprobado un Proyecto de Actividades Pesqueras y Anexas por parte de la Autoridad de Aplicación; e) Cuotas de Captura: es una concesión del Estado Nacional otorgada por la Autoridad de Aplicación por un tiempo determinado, que permite el ejercicio de la pesca a un buque inscripto en el Registro Nacional de Pesca y con Permiso de Pesca vigente, con artes de pesca determinadas, respecto de una especie originaria de la Zona Económica Exclusiva o más allá de ésta en alta mar y en relación porcentual con la Captura Máxima Sostenible (CMS) establecida anualmente por el INIDEP o en los volúmenes que otorgue la Autoridad de Aplicación a un buque pesquero cuando se trate de capturas en alta mar. Requiere tener aprobado un Proyecto de Actividades Pesqueras y Anexas por parte de la Autoridad de Aplicación. Las Cuotas de Captura serán concesiones temporales que no podrán superar por empresa o grupo empresario aquel porcentaje de la Captura Máxima Sostenible fijada por el INIDEP, por especie y zona de pesca a efectos de evitar concentraciones monopólicas indeseadas. El otorgamiento de Cuotas de Captura estará supeditado a la Captura Máxima Sostenible (CMP) establecida anualmente por el INIDEP y las demás condiciones que establezca esta ley y la Autoridad de Aplicación; motivo por el cual, estas cuotas pueden ser suspendidas por la Autoridad de Aplicación cuando razones biológicas fundadas por el INIDEP así lo determinen, sin derecho a reclamo alguno al Estado por parte del concesionario de la Cuota asignada. A los efectos de una mejor administración del recurso, la Autoridad de Aplicación podrá otorgar las Cuotas de Captura en forma anual o por períodos menores de tiempo para efectuar una mejor regulación de las capturas. Del mismo modo, limitadas a zonas, especies y tipos de flotas» (César Lerena, “Pesca. Apropiación y Depredación. Bases para una Política Nacional”, 2014).

El Artículo 24º regula sobre la explotación de los recursos vivos marinos en los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina, donde, solo se podrá realizar por personas físicas domiciliadas en el país, o jurídicas de derecho privado que estén constituidas o funcionen de acuerdo con las leyes nacionales y, los buques empleados en la actividad pesquera deberán estar inscriptos en la matrícula nacional y enarbolar el pabellón nacional. La Argentina debería regular a través de un decreto reglamentario con más precisión este artículo, porque en la práctica, desde sus orígenes en la década del 70 como actividad industrial de altos volúmenes de captura en la ZEE y procesamiento en tierra, las empresas eran mayoritariamente nacionales, en la actualidad más de 70% de las exportaciones provienen de empresas con capitales extranjeros radicados en la Argentina, las que en gran parte procesan a bordo, lo que sumado a la pesca ilegal extranjera de idéntico origen (española, china, etc.) que realiza pesca en alta mar sin control ni acuerdo alguno, dificulta las tareas de vigilancia y control de la PESCA ILEGAL. Atento a ello, consideramos necesario modificar este artículo según se indica: Artículo 24º «La explotación de los recursos vivos marinos en los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina, sólo podrán ser realizada por personas físicas domiciliadas en el país, o jurídicas de derecho privado que estén constituidas o funcionen de acuerdo con las leyes nacionales y no tengan relación societaria directa o indirecta con empresas que sin permiso, cuota o autorización argentina pesquen en alta mar o en territorios marítimos argentinos ocupados o disputados por terceros países. Los buques empleados en la actividad pesquera en el mar territorial y, la ZEE, al igual que los nacionales que pesquen en alta mar y deberán estar inscriptos en la matrícula nacional y enarbolar el pabellón nacional» (César Lerena, “Pesca. Apropiación y Depredación. Bases para una Política Nacional”, 2014).

Foto: Gentileza Armada Argentina

El Artículo 25º de la Ley al prohibir los desembarques fuera de los muelles argentinos está de hecho prohibiendo los transbordos en alta mar, salvo fuerza mayor, y ello es muy importante, porque en estos transbordos descontrolados sirven para blanquear los productos de la PESCA ILEGAL. Faltaría indicar en este artículo que las descargas y transbordos fuera de los puertos argentinos debe estar garantiza por inspectores de organismos técnicos competentes que cuenten con acuerdos con la Argentina; por ello, a nuestro entender, es necesario modificar el artículo de la siguiente forma: Artículo 25º «Será obligatorio desembarcar la producción de los buques pesqueros en muelles argentinos. En casos de fuerza mayor debidamente acreditados o cuando los buques se encuentren autorizados a operar en aguas internacionales, la Autoridad de Aplicación podrá autorizar la descarga en puertos extranjeros y el transbordo en los puertos argentinos o en zonas de desembarque habilitadas en las radas de estos. Las descargas y transbordos fuera de los puertos argentinos deben estar garantiza por inspectores de organismos técnicos competentes que cuenten con acuerdos con la Argentina» (César Lerena, “Pesca. Apropiación y Depredación. Bases para una Política Nacional”, 2014).

Como ya nos hemos referido al tratar el Artículo 23º, la ley ha introducido las calificaciones de Cuotas y Autorizaciones, relegando al Permiso de pesca a una habilitación que se otorga a los buques solamente para acceder al caladero, siendo necesario para ejercer la pesca contar con una Cuota de Captura asignada o una Autorización de captura, por lo tanto ello, se requiere una modificación del Artículo 26º, que precise los límites de los Permisos, según entendemos: Artículo 26º «Los Permisos serán otorgados según lo estipulado por los artículos 7°, y 23º de esta ley, en las condiciones siguientes: 1. Por un plazo de hasta 10 (diez) años para un buque determinado, para lo cual, el Consejo Federal Pesquero establecerá las condiciones, debiendo priorizar a tal efecto: a) Los buques con mano de obra