Foto: Conxemar/FIS

Denuncian participación de grupo pesquero español en operaciones ilegales en Malvinas: ¿Silencio cómplice del gobierno gallego?

ARGENTINA
Monday, May 12, 2025, 03:00 (GMT + 9)

Una grave denuncia realizada por el periodista argentino Roberto Garrone, durante su cobertura de la feria internacional Seafood Expo Global 2025 en Barcelona, ha puesto nuevamente bajo la lupa las actividades de empresas pesqueras españolas en las Islas Malvinas, territorio en disputa entre Argentina y el Reino Unido.

En el centro de la polémica se encuentra Armadora Pereira, empresa gallega que, según la investigación, estaría eludiendo la legislación argentina mediante maniobras societarias opacas y relaciones directas con la administración colonial británica en el archipiélago.

En una columna publicada en el medio marplatense Punto Noticias, Garrone advirtió sobre la contradicción de una reciente campaña de marketing de Armadora Pereira en LinkedIn, donde la empresa promociona langostino patagónico como “Industria Argentina”, mientras que en su propio sitio web reconoce operar en aguas de las Islas Malvinas, entre otros caladeros del Atlántico Sur y África Occidental.

Garrone recordó que la Ley Federal de Pesca Argentina (Art. 27) prohíbe explícitamente que empresas con permisos y cuotas en Argentina mantengan vínculos con compañías que operen bajo licencias otorgadas por el Reino Unido en la zona de exclusión alrededor de Malvinas. Para evadir esta prohibición, Armadora Pereira habría cedido formalmente el buque tangonero “Bouciñas” a la firma “Bricel”, que actúa como pantalla societaria.

Más allá de las maniobras legales, Garrone denuncia una colaboración directa entre la gallega Pereira y el Argos Group, empresa radicada en Malvinas, con la cual han construido y operan buques poteros para la captura de calamar con licencias británicas. Uno de los ejemplos más recientes es el buque "Argos Berbés", construido en el astillero Nodosa (Vigo) por más de 30 millones de euros, según citó el propio Garrone.

Pero el detalle más revelador —que no fue mencionado directamente por Garrone en su análisis— es que estos buques no solo se construyen en Galicia, sino que son financiados por entidades públicas y privadas españolas, y sus botaduras han contado con la presencia de altas autoridades del gobierno de la Xunta de Galicia.

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, sitúa al Grupo Pereira como referencia en la apuesta por la internacionalización indicando concretamente que 'Grupo Pereira dispone de filiales en Senegal, Mauritania, Namibia, Sudáfrica y Malvinas'. Asimismo  expresó la voluntad colaboradora del departamento que dirige para seguir apoyando entidades como esta, que son punteras gracias al apoyo del Gobierno gallego, y que se vieron beneficiadas de las distintas líneas de actuación en las que participa la Consellería para la modernización de la flota, entre otras cosas.(Haga clic sobre la imagen para ampliarla)

Esto plantea un grave interrogante geopolítico y diplomático: ¿Cómo puede el gobierno gallego respaldar activamente actividades empresariales que violan la legislación argentina y operan bajo una bandera (la británica en Malvinas) que el propio Estado español no reconoce? Cabe recordar que España apoya formalmente la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas en todos los foros internacionales, incluida la ONU.

Según detalla Garrone en Punto Noticias, Pescapuerta y sus socios han mantenido operaciones en Argentina a través de su controlante Menkent S.L., involucrando otras firmas como Estrella Patagónica y Bricel. Sin embargo, la reciente difusión del producto etiquetado como “Industria Argentina” —cuando su cadena de producción está contaminada por licencias británicas ilegítimas— ha generado una nueva ola de indignación en sectores del país sudamericano.

Mayo 2019 - La Prefectura Naval Argentina, única Autoridad Marítima de la Nación, incorporó el barco pesquero "Mar Coral" al Registro Nacional de Buques

Además del caso del “Argos Berbés”, Garrone también menciona el buque “Mar Coral”, propiedad de Bricel, que ingresó usado al país en reemplazo del “Pioneros”, pese a que debía construirse en astilleros nacionales. El navío venía directamente de operar en Malvinas, y debió ser “blanqueado” borrando los colores verdes de su casco, característicos de la flota pesquera en el archipiélago.

Esta situación vuelve a encender las alarmas en el sector pesquero internacional respecto de la falta de transparencia, los vacíos legales y la connivencia política que permiten a grupos empresariales operar en aguas en disputa sin consecuencias reales.

La pregunta clave sigue vigente: ¿Cómo se concilia la posición oficial de España sobre la soberanía argentina en Malvinas con el apoyo institucional y financiero del gobierno gallego a empresas que operan en zonas no reconocidas por su propio pais?

Aceptación de la soberanía argentina: España reconoce los derechos de Argentina sobre las Islas Malvinas, basándose en la historia y la sucesión de Estados.(haga clic sobre la imagen para ampliarla)

Cabe aclarar que el problema planteado no está dirigido contra las empresas radicadas en las Islas Malvinas ni contra sus directivos, a quienes la República Argentina, conforme lo establece la Cláusula Transitoria Primera de su Constitución Nacional, debe respetar en cuanto al modo de vida de sus habitantes y proceder de acuerdo con los principios del derecho internacional.

Asimismo, la Ley N.º 346 de Ciudadanía Argentina, en su artículo 1º, establece que: "Son argentinos: todos los individuos nacidos, o que nazcan en el territorio de la República Argentina, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres...", por lo cual los habitantes de las Islas Malvinas son ciudadanos argentinos, independientemente de que cuenten con otra nacionalidad.

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