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Cáncer y metástasis

PERÚ
Sunday, August 11, 2024, 01:00 (GMT + 9)

La formalización es una inmemorial necesidad del sector pesquero artesanal, que comenzó a materializarse desde 2016. No obstante, ésta debía pasar por el planteamiento sistémico de un nuevo paradigma de gestión, el cual dotara de mayores incentivos a operar formalmente, frente un statu quo que patrocina la informalidad. Se esperaba que este nuevo enfoque tuviera múltiples dimensiones y que, en ese sentido, la oficialización de embarcaciones no fuera sino un punto de partida, para reformar a una actividad económica que opere bajo estándares contables, laborales y tributarios, propios de un país que busca acelerar su vía hacia el desarrollo.

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A partir de 2016, se han formalizado con éxito cerca de 15 mil botes artesanales y, por ello, es necesario empezar a discutir el escalamiento de este proceso hacia otros ámbitos. Sin embargo, desafortunadamente en el sector se aprecia una vocación de no mirar con entusiasmo el futuro, sino de aferrarse tenazmente al pasado. En años recientes, en lugar de promover los otros necesarios capítulos de la formalización, hemos observado denodados esfuerzos de funcionarios y congresistas por buscar vías para seguir legalizando más embarcaciones ad infinitum. Ello simplemente es inviable, porque los recursos no pueden sobrellevar un crecimiento ilimitado del esfuerzo pesquero. Si seguimos así, tarde o temprano, no habrá peces que capturar.

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La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones del Ministerio de la Producción, ha preparado un informe esclarecedor sobre la realidad de la construcción ilegal de embarcaciones. El cáncer hizo metástasis. Ante el constante coqueteo con los promotores de la ilicitud por parte de algunos que deberían haberla erradicado, un problema que creíamos focalizado en el norte, ahora está diseminado a lo largo del litoral peruano, con nuevos núcleos emplazados en el sur del país.

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En los últimos dos años, el Ministerio de la Producción ha identificado 94 recintos de construcción ilegal de botes artesanales, encontrándose más de la mitad de éstos en Moquegua y Arequipa. En ambos departamentos, el Ministerio de la Producción reconoce que hay muy poco nivel de coordinación con otras entidades competentes como la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), la Fiscalía de la Nación, la Policía Nacional y el Servicio Nacional Forestal (SERFOR). También reconoce que no hay criterios uniformes de intervención dentro de cada una de estas instancias.

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Hoy no debería haber excusas para la inacción complaciente de los distintos órganos estatales, que poseen suficientes herramientas legales y un Código Penal que tipifica indubitablemente el delito de construcción ilegal de embarcaciones. No obstante, aún no se ha desarrollado el protocolo interinstitucional de interdicción para desactivar la actividad delictiva de astilleros que fueran captados en flagrancia. No se ha elaborado, a pesar de ser el instrumento más potente para el combate contra este tipo de ilegalidades y de la obligación legal de activarlo desde 2018.

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Además, increíblemente este informe reconoce la existencia de sanciones por construir naves irregularmente, pero admite que no se imponen multas debido a que no se ha aprobado una metodología para fijar su valor. Lo definen como indeterminable. Caso típico en la lucha de nuestras autoridades contra el delito. ¡Pobre  Perú!

No hay tiempo para dar ningún paso en falso más en esta labor. El Ministerio de la Producción debe escuchar el análisis de sus profesionales y actuar diligentemente con DICAPI, Policía, Fiscalía y SERFOR para desactivar de inmediato los recintos de construcción ilícita de naves que ya tienen identificados y que operan con cómoda impunidad. Es necesario que aborden sus responsabilidades y que cierren las rendijas que sus propios buenos servidores han detallado.

Autor/Fuente: Alfonso Miranda Eyzaguirre/Expreso

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